Introducción
Hacia 1957 no existía un sistema previsional nacional unificado sino que coexistían diferentes Cajas.
Hasta el año 1954, las diversas Cajas tenían diferentes fórmulas para determinar la cuantía de los beneficios, situación que traía aparejada tensiones entre los afiliados de las menos favorecidas para lograr mejores beneficios. Es así como en ese año la ley 14.370 reglamentó con carácter general las prestaciones a través de una fórmula única. De esta manera, se puso fin a dicha puja.
Desde el punto de vista financiero, las Cajas conservaban su autarquía. Algunas eran superavitarias mientras que otras eran deficitarias. Pero por las razones que vimos en la primera parte de este artículo, la salud financiera del Sistema en su conjunto ya había comenzado a deteriorarse. A principios de la década del 50, el Sistema tenía un superávit del orden del 4,2% del PBI. En 1957 pasó a ser aproximadamente la mitad de dicho valor.
Período 1958-1966
En el año 1958 se estableció que el haber jubilatorio debía ser equivalente al 82% móvil de la remuneración mensual del cargo que tenía el afiliado al momento de serle otorgada la prestación, o bien del cargo de mayor jerarquía que hubiese desempeñado. Este cambio iba a tener enormes consecuencias para el futuro del Sistema.
En el corto plazo, los superávit anuales disminuyeron hasta prácticamente anularse. A partir de 1966, las Cajas comenzaron a ser deficitarias.
Si sumáramos los excedentes anuales de las Cajas entre 1950 y 1966 y los capitalizáramos al 4% anual, al fin de este período se debía haber acumulado un equivalente del 29% del PBI de 1966. En lugar de ello y por una serie de circunstancias, las arcas del Sistema estaban prácticamente exhaustas.
Una las causas principales fue la inadecuada inversión de los excedentes en instrumentos financieros cuya rentabilidad era muy inferior a la inflación. Por ejemplo, debido a la rentabilidad de los títulos públicos en que se invirtieron las reservas, el recupero por las Cajas de los excedentes mencionados en el párrafo anterior, en términos constantes, equivalió a menos del 3% de su valor.
Otras causas fueron la combinación del pago de beneficios a edades muy tempranas de jubilación, la falta de correspondencia de la relación entre los haberes y los aportes necesarios para generarlos y también el gran nivel de evasión, especialmente por el lado de los autónomos.
Finalmente, dado el estado financiero de las Cajas, las jubilaciones que abonaban no respetaban el criterio de la movilidad, lo cual fue deteriorando el haber real abonado, en un entorno de inflación que en ese período era del 26% anual promedio. Se sucedieron entonces muchas demandas judiciales que planteaban la movilidad de las prestaciones, lo cual produjo que los jueces dieran la razón a los demandantes.
Período 1967-1994
Con el objetivo de reordenar el Sistema Previsional, se tomaron una serie de cambios que apuntaban a su centralización administrativa, a disminuir la evasión y a uniformar los beneficios, entre otras medidas.
A fines de 1968 se sancionaron la ley 18.037, que norma a quienes se encontraban en relación de dependencia y la ley 18.038, que regulaba a los autónomos. Entre los cambios instaurados en ese momento se encontraban: la reducción en el número de Cajas (de 13 existentes a ese momento pasaron a ser 3: Autónomos; Trabajadores del Estado y Trabajadores de la Industria, Comercio y Actividades Civiles), la elevación de la edad jubilatoria, los porcentajes de aportes y contribuciones, la ratificación de la movilidad de la jubilación y la fijación del haber en el 70% del promedio de los 3 años de salario actualizado más favorables para el afiliado tomando en cuenta sus últimos 10 años, para quien haya aportado 30 años al Sistema.
A pesar de todos los cambios que se realizaron, el cuadro financiero de las Cajas no cambió mayormente.
En el año 1980 se reemplazó el aporte patronal por un porcentaje de la recaudación de algunos impuestos, en especial el Impuesto al Valor Agregado. La situación financiera del Sistema no sólo que no mejoró sino que se agravó.
Por otro lado, los haberes medios en términos reales continuaban deteriorándose debido a la continua inflación y al retraso en el ajuste de los beneficios. Tengamos en cuenta que entre los años 1967 y 1974 la inflación promedio anual fue del 31%, entre 1975 y 1988 fue del 228%, en 1989 fue del 4.924%, en 1990 fue del 1.344%, hasta que en 1991 se implementó el Plan de Convertibilidad y con ello se instauró una estabilidad de precios nunca experimentada en los 50 años anteriores.
Tales niveles de inflación favorecían la demora en quienes tenían que depositar los aportes y contribuciones, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo sufrida por las arcas del Estado.
Además de ser el Sistema deficitario operativamente (es decir, los egresos superaban a los ingresos), se estaba acumulando otro factor explosivo: el enorme número de juicios efectuados por jubilados por el incumplimiento en la aplicación de la movilidad en el ajuste de las jubilaciones. Los jueces fallaban a favor de los demandantes creándose una deuda enorme que no se explicitaba en la contabilidad del Sistema ni en las previsiones del Estado.
Por todo ello es que en 1986 se declaró la “Emergencia Previsional”, a través de la cual se paralizaron las demandas legales contra las Cajas y las ejecuciones de las sentencias.
A lo largo de todo este período, el haber medio experimentó una baja continua en términos reales. Tanto es así que en 1989, el año de máxima inflación en toda la historia de nuestro país, se llegó al nivel mínimo en el haber medio, en términos reales, también de toda nuestra historia. Para tener una idea del deterioro alcanzado, el haber medio del año 1989 en términos constantes equivalía a tan sólo el 37% del haber medio del año 1950, es decir que hubo un deterioro del 63%.
El Régimen previsional estaba en una crisis casi terminal. El nuevo rumbo que a partir de 1991 se imprimió al país, que trajo consigo la estabilidad económica y la virtual eliminación de la inflación, dio lugar a la incubación de una drástica reforma del Sistema que iba a resultar en el cambio estructural, desde el punto de vista previsional, más importante que se fuera a implementar en Argentina a lo largo de todo el siglo XX.
Fuentes:
Héctor Diéguez y Alberto Petrecolla: “Estudio Estadístico del Sistema Previsional Argentino en el Período 1950-1972”
Jorge Feldman, Laura Golbert y Ernesto Isuani: “Maduración y Crisis del Sistema Previsional Argentino”
Camila Arza: “La política previsional argentina: de la estratificación ocupacional a la individualización de los beneficios”
